El intendente de San Isidro, Gustavo Posse marchó contra la instalación de los Juzgados en Beccar. Lo curioso de esto son sus declaraciones, que coinciden con lo que nosotros venimos reclamando desde hace tiempo:
“Queremos expresar nuestra oposición a que la calidad de vida de los vecinos se vea afectada. La instalación de oficinas judiciales en un barrio residencial como Beccar generaría una gran afluencia de personas y un incremento de tránsito vehicular desmedido. No podemos permitir que se nos avasalle con decisiones arbitrarias, injustas e inconsultas.”
“Solicitamos la urgente intervención del señor Gobernador, y de los miembros del más alto Tribunal provincial en defensa de nuestros derechos, rechazando el proyecto y encarando una solución definitiva que no perjudique ni altere las condiciones urbano-ambientales de los vecinos del Partido.”
Sr. Intendente: Nosotros tampoco queremos que se alteren nuestras condiciones de vida. Villa Adelina también es zona residencial, acaso será cierto aquel viejo dicho que dice que el Municipio de San Isidro termina en la Panamericana?
Les informamos lo hecho hasta aquí con respecto al predio de Thames y Panamericana.
- El dia 13 de septiembre de 2010 nos presentamos ante el Archivo Nacional de la Memoria dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (CONADEP), donde planteamos la situación con respecto al predio y proporcionamos nuevas evidencias para que sean presentadas ante el Juez Federal Sergio Gabriel Torres, allí nos manifestaron su preocupación por el tema y se comprometieron a ponerse en contacto con el Sr. Juez a fin de que, a la luz de las nuevas evidencias, revise la medida de dejar sin efecto la medida de No Innovar que había sobre el predio. Las pruebas con las que contaba en el año 2008 no son las mismas en la actualidad. No descartamos nuevas pericias en el lugar. Desde ya los vecinos estamos a disposición de la Justicia.
- En el día de hoy solicitamos apertura de Expediente ante la Presidencia del HCD, donde presentamos el petitorio firmados por los vecinos y vecinas y la propuesta alternativa de Parque Público y la señalización correspondiente y la preservación del predio como ex CCD, adjuntamos documentación pertinente, una investigación periodística, la información proporcionada por el Archivo Nac. de la Memoria etc. El proyecto también incluye la realización de un mural en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado por alumnos de escuelas de la zona. Copia de la misma documentación fue entregada en mano a los/las concejales que se encontraban en la sede legislativa, y a sus respectivos secretarios/as en el caso de los que no se encontraban en ese momento en su despacho. En general hubo una buena acogida por parte de los legisladores.
- Se nos informó que el pedido será tratado en la sesión del próximo 20 de octubre.
Desde ya agradecemos a todos los vecinas y vecinos que firmaron el petitorio, es importante si más gente desea darnos su adhesión, se trata de una causa justa que merece el apoyo de toda la comunidad.
Cualquier novedad la comunicaremos a la brevedad. De nuevo muchas gracias!
Insistimos...
LOS VECINOS Y VECINAS DECIMOS:
NO A LA PRIVATIZACION DEL PREDIO
NO AL "FIDEICOMISO PANAMERICANA THAMES"
NO A EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS SUDAMERICANA S.A.
REF. THAMES Y PANAMERICANA (PROPUESTA ALTERNATIVA)
Antes que nada los vecinos queremos manifestar que nos sentimos engañados por la Municipalidad. Ya que en su momento se nos aseguró para nuestra tranquilidad, que en el futuro el predio solo se usaría para que los alumnos de la zona practiquen deportes. Hasta que a fines del 2009 vimos el desmantelamiento de los baños y el cerco perimetral que había sido puesto para tal fin. Nunca fuimos notificados de la venta ni se realizaron audiencias públicas. Simplemente se nos invitó a concurrir a la Dirección de Ordenamiento Urbano para enterarnos del complejo de oficinas que una empresa iba a construir.
Consideramos que es responsabilidad de la Municipalidad la preservación tanto del patrimonio arqueológico (allí antiguamente funcionó un centro de detención clandestino durante la dictadura) que se encuentra bajo tierra, como así también el patrimonio ambiental, es decir los árboles del parque. Y su status de Bien Público.
Nuestra propuesta alternativa, es que el sitio sea preservado como un espacio verde, un paseo público. Realizar el mural en el predio en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado, según el pedido de los alumnos de la E.E.M. Nº 6 de San Isidro.
Consideramos inoportuno el comunicado de la Municipalidad del 26 de agosto, donde niega que allí existió un centro clandestino. Allí funcionó “La Marina” base de operaciones del Servicio de Inteligencia Naval, esto es un secreto a voces. No tenemos dudas que el Municipio conocía o debiera conocer la historia del predio así como la vigencia de la Ley Provincial Nº13.584.
El Juez Federal Sergio Gabriel Torres, al momento tomar la medida de dejar sin efecto la medida de no innovar (año 2008), no contaba con los elementos de juicio con los cuales contamos hoy en día. Entre fines del 2009y durante el transcurso de este año 2010 han aparecido nuevas y contundentes evidencias, con testimonios de los vecinos históricos y damnificados que concuerdan totalmente. Dicha información puede ser consultada en la CONADEP.
Lo importante es que bajo tierra aún perduran los restos del CCD, esto también puede ser comprobado en el Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de DDHH, Ministerio de Justicia, Seguridad y DDHH de la Nación. Con los testimonios de Pilar Calveiro, Lila Pastoriza o María Julia Harriet, incluso con investigaciones periodísticas como por ejemplo la de Franco Mizrahi.
Nuestra propuesta y nuestro pedido, es preservar el predio como Bien Público y se transforme en un Parque Público Municipal.
Este espacio fue recuperado por nosotros en 1983 con la llegada de la Democracia. Luego de una disputa con la gente del Barrio Naval, lindero con el predio.
Los vecinos estamos dispuestos a participar y colaborar con la puesta en marcha de este Parque Público. Por otra parte avalamos el reclamo de señalización propuesto por los organismos de Derechos Humanos. Esperando una resolución favorable, saludamos atentamente.
Por medio de la presente, los firmantes de este petitorio, manifestamos nuestro rechazo a la venta, privatización y/o urbanización del predio ubicado en Ruta Panamericana, Thames, Rivera y Tupac Amarú, como así también cualquier proyecto vinculado en tal sentido, al mismo tiempo solicitamos la preservación y conservación del mismo.
Nuestro pedido está fundamentado en razones ambientales, en defensa de nuestro espacio verde, de nuestro patrimonio, de nuestra calidad de vida y dado el valor simbólico que dicho predio representa para Villa Adelina.
Sin más secretos (Investigación exclusiva Veintitres)Por Franco Mizrahi
Poco a poco, los secretos bien guardados de la última dictadura militar se van develando. En sintonía con las listas del Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Batallón 601 y de la Fuerza Aérea que cumplió tareas entre 1976 y 1983 –y que publicó en exclusiva Veintitrés–, a continuación se difunde la nómina del Personal de Inteligencia que cumplió tareas en el poderoso Servicio de Inteligencia Naval (SIN) durante el Proceso. Así, retrasada respecto de las otras dos fuerzas, la Marina revela quiénes fueron sus espías durante el terrorismo de Estado. La lista, que fue remitida al Ministerio de Defensa por el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Jorge Omar Godoy, contiene más de 700 nombres. La información era secreta y fue desclasificada a través del decreto 004/2010. Si bien se trata de personal de inteligencia, el hecho de aparecer en la lista no implica que las personas allí mencionadas estén involucradas en delitos de lesa humanidad.
Inicialmente, el SIN debía tener a su cargo las operaciones represivas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), mientras que el Grupo de Tareas (GT) 3 debía ser su brazo operativo. Pero la decisión del almirante Emilio Massera, en aquel entonces jefe del arma y miembro de la primera junta militar, de convertir al GT 3 en un aparato que sustentara sus ambiciones políticas incentivó la competencia entre ambas estructuras y terminó por quebrar su relación. Por este motivo, el Servicio de Inteligencia Naval gestó su propia base de operaciones que se conoció como “Casa SIN”, en Thames y Panamericana, Villa Adelina. Sin embargo, la competencia entre ambos se diluyó en 1979, cuando el capitán de fragata Luis D’Imperio, miembro del SIN, reemplazó a Jorge “Tigre” Acosta en la jefatura de Inteligencia.
Entre los puntos paradigmáticos donde operó la Marina, figuran la Escuela de Mecánica de la Armada –hoy Archivo Nacional de la Memoria–, Puerto Belgrano –el mayor asentamiento naval del país, a 30 kilómetros de Bahía Blanca– y las localidades de Berisso y Ensenada, en la provincia de Buenos Aires, donde se desempeñó el Batallón de Infantería de Marina III. Y en el ámbito internacional, Uruguay y Bolivia. En la ESMA, por caso, estuvieron secuestrados la fundadora de Montoneros Norma Arrostito, Azucena Villaflor –fundadora de Madres de Plaza de Mayo– y Jaime Dri, cuyo paso y huida de ese centro clandestino de detención fue relatado por Miguel Bonasso en el libro Recuerdo de la muerte. Junto a ellos, hubo unos cinco mil secuestrados en el establecimiento ubicado sobre la Avenida del Libertador, en el límite de la Capital Federal con la provincia de Buenos Aires. Algunos de ellos fueron sedados y arrojados al Río de la Plata, en lo que se conoció como los “vuelos de la muerte”.
En ese mítico centro clandestino había un altillo llamado “Capuchita” que, según consta en el Nunca más, “ fue utilizado por los miembros del SIN para torturar y mantener a sus secuestrados separados de los de la ESMA. ‘Capuchita’ se prestaba a la Fuerza Aérea, al Ejército y al SIN para llevar a sus detenidos allí. El piso era de color rojo y tenía ventiluces siempre cerrados”. A pesar de los cruces entre el SIN y el GT 3, el marino Antonio Pernías demostró que a la hora de la represión estaban todos del mismo bando cuando aseguró en 1986: “Fue una guerra en la que se empeñó toda la Armada”. Veinticuatro años más tarde, el capitán Adolfo Donda repitió la aseveración durante su testimonio en el proceso que se le sigue por los crímenes cometidos en la ESMA: “Fue una actuación institucional, de toda la Armada”. Por este motivo, para Ramón Torres Molina, presidente del Archivo Nacional de la Memoria, “el conocimiento del personal civil de inteligencia de las Fuerzas Armadas es un avance en la investigación que se está llevando adelante en todos los ámbitos de la Justicia y también en el Archivo Nacional de la Memoria. La lista de la Marina es un aporte muy importante”. A continuación se enumeran los casos paradigmáticos de la nómina:Jorge Ernesto Vildoza. Figura como miembro del Servicio de Inteligencia Naval durante la dictadura. Es hijo del subdirector de la ESMA Jorge Raúl Vildoza, prófugo de la Justicia, acusado de haber robado bienes de desaparecidos y apropiarse del hijo de un matrimonio desaparecido. El chico es uno de los nietos recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo, aunque no quiso volver a vivir con su familia biológica. Jorge Ernesto habría sido investigado por complicidad en esa apropiación por la jueza Servini de Cubría. Hoy preside –según publicó Página 12– la empresa American Data S.A., ligada a la venta y concesiones de máquinas electrónicas en los casinos. Ricardo Joaquín Molina. Fue jefe de Inteligencia de la Base Naval Puerto Belgrano en 1976. Prófugo de la Justicia, debe rendir cuentas por los crímenes de la Armada. El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación ofrece 100 mil pesos por datos sobre su paradero. También lo busca Interpol.
Luis Alberto Pablo Pons. Capitán de corbeta retirado, encabezó en 1976 la Brigada de Infantería número 1 y está imputado como ejecutor directo del secuestro y tormentos a Hugo Giorno, ex intendente de Punta Alta, donde está Puerto Belgrano. Hasta 2007 estuvo en la contaduría general del Ejército. Es primo hermano del juez Miguel Guillermo Pons. Policarpo Luis Vázquez. Ex oficial de la Armada, fue el apropiador de Evelyn Vázquez, hija biológica de los desaparecidos Beatriz Pegoraro y Rubén Bauer.
Rodolfo Patricio Florido. También está incluido en la lista. Antes de pasar por la Marina, Florido se desempeñó como PCI del Batallón 601 durante la dictadura, como publicó esta revista a mediados de febrero. Hasta entonces, era secretario de prensa del Concejo Deliberante de Bariloche, órgano que, al revelarse su pasado, aprobó por unanimidad “el repudio institucional” a su persona.
Luis Emilio Sosa. También fue parte del SIN durante la última dictadura militar. Ya había demostrado de qué era capaz el 22 de agosto de 1972: fue el principal responsable de la Masacre de Trelew, el fusilamiento de 19 guerrilleros presos en la Base Almirante Zar. Con la aparición de este nuevo documento se iluminan un poco más las tinieblas que se extendieron entre 1976 y 1983. La difusión de la lista intenta contribuir con la búsqueda de memoria, verdad y justicia.
