jueves, 16 de septiembre de 2010

LA VERDADERA HISTORIA (QUIEN QUIERA OIR QUE OIGA)


Sin más secretos
(Investigación exclusiva Veintitres) Por Franco Mizrahi
Poco a poco, los secretos bien guardados de la última dictadura militar se van develando. En sintonía con las listas del Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Batallón 601 y de la Fuerza Aérea que cumplió tareas entre 1976 y 1983 –y que publicó en exclusiva Veintitrés–, a continuación se difunde la nómina del Personal de Inteligencia que cumplió tareas en el poderoso Servicio de Inteligencia Naval (SIN) durante el Proceso. Así, retrasada respecto de las otras dos fuerzas, la Marina revela quiénes fueron sus espías durante el terrorismo de Estado. La lista, que fue remitida al Ministerio de Defensa por el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Jorge Omar Godoy, contiene más de 700 nombres. La información era secreta y fue desclasificada a través del decreto 004/2010. Si bien se trata de personal de inteligencia, el hecho de aparecer en la lista no implica que las personas allí mencionadas estén involucradas en delitos de lesa humanidad.

Inicialmente, el SIN debía tener a su cargo las operaciones represivas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), mientras que el Grupo de Tareas (GT) 3 debía ser su brazo operativo. Pero la decisión del almirante Emilio Massera, en aquel entonces jefe del arma y miembro de la primera junta militar, de convertir al GT 3 en un aparato que sustentara sus ambiciones políticas incentivó la competencia entre ambas estructuras y terminó por quebrar su relación. Por este motivo, el Servicio de Inteligencia Naval gestó su propia base de operaciones que se conoció como “Casa SIN”, en Thames y Panamericana, Villa Adelina. Sin embargo, la competencia entre ambos se diluyó en 1979, cuando el capitán de fragata Luis D’Imperio, miembro del SIN, reemplazó a Jorge “Tigre” Acosta en la jefatura de Inteligencia.



Entre los puntos paradigmáticos donde operó la Marina, figuran la Escuela de Mecánica de la Armada –hoy Archivo Nacional de la Memoria–, Puerto Belgrano –el mayor asentamiento naval del país, a 30 kilómetros de Bahía Blanca– y las localidades de Berisso y Ensenada, en la provincia de Buenos Aires, donde se desempeñó el Batallón de Infantería de Marina III. Y en el ámbito internacional, Uruguay y Bolivia.
En la ESMA, por caso, estuvieron secuestrados la fundadora de Montoneros Norma Arrostito, Azucena Villaflor –fundadora de Madres de Plaza de Mayo– y Jaime Dri, cuyo paso y huida de ese centro clandestino de detención fue relatado por Miguel Bonasso en el libro Recuerdo de la muerte. Junto a ellos, hubo unos cinco mil secuestrados en el establecimiento ubicado sobre la Avenida del Libertador, en el límite de la Capital Federal con la provincia de Buenos Aires. Algunos de ellos fueron sedados y arrojados al Río de la Plata, en lo que se conoció como los “vuelos de la muerte”.

En ese mítico centro clandestino había un altillo llamado “Capuchita” que, según consta en el Nunca más, “ fue utilizado por los miembros del SIN para torturar y mantener a sus secuestrados separados de los de la ESMA. ‘Capuchita’ se prestaba a la Fuerza Aérea, al Ejército y al SIN para llevar a sus detenidos allí. El piso era de color rojo y tenía ventiluces siempre cerrados”. A pesar de los cruces entre el SIN y el GT 3, el marino Antonio Pernías demostró que a la hora de la represión estaban todos del mismo bando cuando aseguró en 1986: “Fue una guerra en la que se empeñó toda la Armada”. Veinticuatro años más tarde, el capitán Adolfo Donda repitió la aseveración durante su testimonio en el proceso que se le sigue por los crímenes cometidos en la ESMA: “Fue una actuación institucional, de toda la Armada”. Por este motivo, para Ramón Torres Molina, presidente del Archivo Nacional de la Memoria, “el conocimiento del personal civil de inteligencia de las Fuerzas Armadas es un avance en la investigación que se está llevando adelante en todos los ámbitos de la Justicia y también en el Archivo Nacional de la Memoria. La lista de la Marina es un aporte muy importante”.

A continuación se enumeran los casos paradigmáticos de la nómina:
Jorge Ernesto Vildoza. Figura como miembro del Servicio de Inteligencia Naval durante la dictadura. Es hijo del subdirector de la ESMA Jorge Raúl Vildoza, prófugo de la Justicia, acusado de haber robado bienes de desaparecidos y apropiarse del hijo de un matrimonio desaparecido. El chico es uno de los nietos recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo, aunque no quiso volver a vivir con su familia biológica. Jorge Ernesto habría sido investigado por complicidad en esa apropiación por la jueza Servini de Cubría. Hoy preside –según publicó Página 12– la empresa American Data S.A., ligada a la venta y concesiones de máquinas electrónicas en los casinos.

Ricardo Joaquín Molina. Fue jefe de Inteligencia de la Base Naval Puerto Belgrano en 1976. Prófugo de la Justicia, debe rendir cuentas por los crímenes de la Armada. El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación ofrece 100 mil pesos por datos sobre su paradero. También lo busca Interpol.


Luis Alberto Pablo Pons. Capitán de corbeta retirado, encabezó en 1976 la Brigada de Infantería número 1 y está imputado como ejecutor directo del secuestro y tormentos a Hugo Giorno, ex intendente de Punta Alta, donde está Puerto Belgrano. Hasta 2007 estuvo en la contaduría general del Ejército. Es primo hermano del juez Miguel Guillermo Pons.
Policarpo Luis Vázquez. Ex oficial de la Armada, fue el apropiador de Evelyn Vázquez, hija biológica de los desaparecidos Beatriz Pegoraro y Rubén Bauer.

Rodolfo Patricio Florido. También está incluido en la lista. Antes de pasar por la Marina, Florido se desempeñó como PCI del Batallón 601 durante la dictadura, como publicó esta revista a mediados de febrero. Hasta entonces, era secretario de prensa del Concejo Deliberante de Bariloche, órgano que, al revelarse su pasado, aprobó por unanimidad “el repudio institucional” a su persona.

Luis Emilio Sosa. También fue parte del SIN durante la última dictadura militar. Ya había demostrado de qué era capaz el 22 de agosto de 1972: fue el principal responsable de la Masacre de Trelew, el fusilamiento de 19 guerrilleros presos en la Base Almirante Zar.


Con la aparición de este nuevo documento se iluminan un poco más las tinieblas que se extendieron entre 1976 y 1983. La difusión de la lista intenta contribuir con la búsqueda de memoria, verdad y justicia.

Fuentes:

http://www.elargentino.com/nota-89771-Sin-mas-secretos.html

http://www.reporte24.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=7387&Itemid=99999999

http://www.informereservado.net/noticia.php?noticia=26694

http://www.mega975.com.ar/index.php?Itemid=26&catid=7:noticias&id=9899:de-la-esma-a-puerto-belgrano-publican-la-lista-de-civiles-que-colaboraron-con-la-marina&option=com_content&view=article

martes, 14 de septiembre de 2010

ACA NO PASO NADA (DESMENTIDA OFICIAL)

COMUNICADO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO (TEXTUAL)

"Con motivo de la publicación de algunos medios, de un presunto incumplimiento de la Ley provincial 13.584 sobre lugares que hayan sido centros de detención clandestinos, la Municipalidad de San Isidro recuerda acerca de un predio ubicado en Thames y Panamericana, enajenado por la comuna, que el tema fue investigado por la Justicia, sin que se hubiese demostrado que en ese sitio se cometieran tales hechos.

Ante la insistencia de algunas versiones, recogidas por algunos medios de comunicación, de un presunto incumplimiento respecto de lo normado por la Ley provincial 13.584 en cuanto a lugares que hayan sido centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar, la Municipalidad de San Isidro recuerda acerca de un predio de Thames y Panamericana, enajenado por la comuna, que la cuestión fue investigada por la Justicia, sin que se hubiese demostrado que en ese sitio se cometieran tales hechos.


En ese sentido, con fecha 4 de junio de 2004, el Juez Federal Sergio Gabriel Torres, a cargo del Juzgado Federal Nº 12 de la Capital Federal, dispuso en el marco de la causa Nº 14.217/03, Caratulada “ESMA, delito de acción pública, incidente de no innovar”, que ante “la posibilidad de uso del predio que se encuentra en Thames y Panamericana junto al campo de golf de Villa Adelina (entre las calles Drago, Fondo de la Legua, Moreno y Rivera), se arbitren los medios necesarios para no alterar de ningún modo se estructura ni realizar modificaciones a las características del lugar”.


Fue por ello que la Municipalidad de San Isidro suspendió la licitación pública convocada para la venta de dicho predio.


Más de cuatro años después, el 2 de septiembre de 2008, el magistrado interviniente dejó sin efecto aquella medida preventiva, en razón de no haberse demostrado que en el lugar se hubieran cometido ninguno de los hechos que oportunamente fueran objeto de investigación.

Independientemente de que el referido predio fue enajenado por la comuna, tampoco existen evidencias que originen la aplicación de la aludida Ley 13.584".


Fuente:

http://www.sanisidro.gov.ar/es/nota.vnc?id=7424

Evidentemente el aparato de prensa del intendente Angel Gustavo Posse funciona muy bien y todas sus repetidoras oficiales se encargaron de desparramar la misma nota, textual, sin quitarle una coma. Sabrá esta gente que las mentiras no duran para siempre?

http://msiprensa.blogspot.com/2010/08/panamericana-y-thames.html
http://www.totalnews.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=47693&Itemid=57
http://www.actualidadlocal.net/index.php/noticias/4306.html
http://postalesdesanisidro.blogspot.com/2010/08/panamericana-y-thames.html
http://www.metropolitanoweb.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=3535%3Apanamericana-y-thames-&catid=22%3Amunicipales&Itemid=4

viernes, 3 de septiembre de 2010

IMPORTANTE ANTECEDENTE: LA JUSTICIA LE DIJO NO AL "PARKING LAS HERAS"



Como muchos sabrán Macri tenía planeado construír una enorme playa de estacionamiento subterránea utilizando el predio de Plaza Las Heras. Los vecinos recurrieron a la Justicia quien les dio la razón a los vecinos e intimó al Gobierno de la Ciudad de Bs. As. a suspender de inmediato la obra y quitar las murallas metálicas que rodeaban el predio.

Previamente se había realizado una audiencia pública en la cual participaron tanto el juez como funcionarios municipales y los propios vecinos.

El argumento esgrimido por la Justicia, y totalmente válido, es que de parte del Gobierno de la Ciudad no se tomaron las medidas pertinentes para "preservar el patrimonio arqueológico que existe bajo el parque -- allí antiguamente existía una penitenciería -- y a los árboles del lugar".

De parte de la Legislatura, miembros de la oposición ya están trabajando en un proyecto para derogar la ley que habilitaba la construcción de garages subterráneos bajo los espacios verdes de la ciudad.

Como bien sabemos, las leyes sientan precedentes con fuerza vinculante, y el caso del Parque Las Heras es perfectamente aplicable al predio de Thames y Panamericana, ya que, por parte de la Municipalidad de San Isidro no se tomaron medidas para preservar el patrimonio arqueológico que existe bajo el predio (ya que allí funcionaba un centro de detención clandestino de la dictadura militar) y lo mismo con los árboles.

Nos preguntamos: ¿En qué momento se realizaron audiencias públicas con la participación de la Justicia, funcionarios de la MSI, vecinos y miembros de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y también del Medio Ambiente con respecto a la privatización del predio de Thames y Panamericana?...

Por lo tanto vamos a presentar un pedido ante el Honorable Consejo Deliberante solicitando un proyecto derogando la privatización y/o urbanización con fines comerciales de Thames y Panamericana, que además inhabilite cualquier emprendimiento de la misma naturaleza, como así también, se inste a la Municipalidad de San Isidro para que de inmediato tome las medidas necesarias para garantizar el espacio público y la preservación tanto del patrimonio arqueológico como de la flora del lugar.

Caso contrario nos reservamos el derecho de recurrir ante la Justicia, ya que contamos con nuevas pruebas y nuevos testimonios, ademas de la documentación probatoria que consta en la Conadep (14 personas detenidas en el lugar que luego fueron trasladados a la ESMA), y la lista de los represores del lugar, información que puede ser constatado en el Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.- Justificar a ambos lados