En el distrito hay por lo menos cuatro lugares donde se torturó y mató gente bajo las órdenes de Camps y Massera. Pero el Municipio no cumple con la ley que pide señalizarlos y conservarlos.
Por Guillermo Zanetto
Fotos: Christian Ugalde
A contramano de las políticas en favor de la Memoria histórica, muchos lugares que durante la última dictadura militar fueron utilizados como centros clandestinos de detención –en donde se cometieron toda clase de delitos de lesa humanidad- siguen hasta el día de hoy sin ser reconocidos, a pesar de que existe una Ley provincial (N° 13.584 ) que obliga a señalizarlos y protegerlos.
Es el caso de San Isidro, en donde al menos cuatro sitios funcionaron como piezas de la maquinaria genocida del Estado sin que sean registrados de forma oficial. El colmo es que uno de ellos, que estaba en un espacio municipal, fue vendido a manos privadas y corre riesgo de desaparecer pese a la queja de los vecinos.
“Todos están mencionados en testimonios diversos y en muchos de ellos se podrían encontrar elementos para los juicios a los genocidas”, explicó Jorge Witis, miembro de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte. Junto a 24CON, recorrió los espacios que ayer sirvieron de centros clandestinos de detención de personas y que hoy pasan desapercibidos para la intendencia y los vecinos.
El “Coti Martinez”
El primer lugar del relevamiento empieza en la exclusiva avenida Del Libertador. Allí aparece el más difundido de los centros clandestinos de San Isidro, que incluso es mencionado por la CONADEP -Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas- en su libro/informe “Nunca Más”: El Comando de Operaciones Tácticas 1 (C.O.T.1) de Martínez.
“La sigla C. O .T. 1, al estar escrita en mayúsculas, formaban la palabra ‘COTI’ que es como se conoce a este centro, famoso por ser donde estuvo secuestrado y torturado, entre muchos otros, Jacobo Timerman, Fundador del diario La Opinión”, explica Witis.
Lo cierto es que el centro fue también una pieza fundamental de lo que se conoce como el “Circuito Camps”, un conjunto de centros clandestinos bajo la tutela del siniestro represor Ramón Camps en el cual se intercambiaban detenidos por diferentes puntos del Conurbano. Éste en especial, se considera que se utilizó también para mantener cautivos a prisioneros uruguayos del “Plan Cóndor”.
En el “Nunca más” se publicó la declaración de Héctor Mariano Ballent (Legajo N° 1277) sobre las condiciones de vida allí. “El tratamiento en el COT I Martínez era brutal, no sólo física sino también psíquicamente, ya que cuando uno preguntaba qué hora es, le decían si tenían que salir, si daban sopa, era con plato playo y con tenedor. La comida en general era harina de maíz hervida, mate cocido y un trozo de pan...”. También reproduce que dormían 8 personas en un colchón de una plaza y sólo podían ir al baño 2 veces por día, siempre encapuchados.
Pese a estas evidencias, en su fachada no existe ninguna señalización que haga referencia a ese pasado de horror. “Por Ley deberían estar señalizados y este, que es uno de ellos y el más renombrado, no tiene señal alguna. No queremos que quede como una dependencia más, como si no hubiera pasado nada. Evidentemente, no hay interés”, explicó Witis.
Comisaría 4ta
A pocas cuadras de ahí, sobre la calle Balcarce, se encuentra la comisaría 4ta, otro de los puntos menos conocidos pero que según los testimonios también habría sido escenario de secuestro y torturas. En su frente hay cámaras y patrulleros nuevos pero ninguna referencia a su uso durante la Dictadura.
“Este tema no se pudo hablar durante muchos años por políticas de Estado y de gobierno y este reconocimiento –hoy ausente- sería una forma de limpiar la memoria de las fuerzas de seguridad recordando que estas cosas no pueden volver a suceder”, reflexionó Witis.
La “Casa S.I.N”
El siguiente punto del recorrido es el que más conmueve. No sólo por quien lo puso en práctica, sino porque sus potenciales evidencias corren riesgo de perderse para siempre. Se trata de la “Casa S.I.N.”, un predio en donde funcionó el Servicio de Inteligencia Naval (SIN).
Ubicado en Thames y Panamericana, Villa Adelina, originalmente fue una propiedad que el represor Emilio Massera –a cargo del grupo de represión de la ESMA- utilizó como base de operaciones. Bajo su brazo, cumplieron órdenes más de 700 individuos del personal civil del S.I.N. cuyos nombres figuran en una lista publicada recientemente por una investigación de revista Veintitrés. En el año ’82, la propiedad fue destruida y el terreno se donó al municipio, en dónde se utilizó tiempo después como campo deportivo.
“De la construcción ya no queda nada pero según testimonios de vecinos (recogidos en parte por alumnos de la Escuela Educación Media N°6), había subsuelos que usaban cómo garage y también una pileta climatizada, en donde podrían hallarse restos de personas. Incluso uno de ellos recuerda que vio el ingreso de una persona atada y encapuchada”, relató Witis.
Pese a esto, el lugar fue vendido a manos privadas quienes ya pusieron en marcha los primeros trabajos de obra. El municipio justificó la venta mediante un comunicado difundido en agosto pasado, que negaba el funcionamiento del centro y aclaraba que “la cuestión fue investigada por la Justicia sin que se hubiese demostrado que en ese sitio se cometieran tales hechos”.
Pero Witis asegura que “la única pericia que se hizo en el lugar fue un reconocimiento visual hace dos años, (no hubo excavaciones ni trabajo antropológico) por lo que consideramos que es poco serio para descartar que allí pudieran existir otros datos”. Es por esto que confía que las nuevas evidencias promuevan acciones que se amparen en la protección que la Ley brinda a estos sitios.
A pesar de la negación municipal, los testimonios de personas allí secuestradas hasta se encuentran publicados, como es el caso de la escritora Pilar Calveiro, en cuyo libro “Poder y desaparición: los campos de concentración en Argentina”, Juan Gelman escribe en el prólogo: “El 7 de mayo de 1977, un comando de Aeronáutica secuestró a Pilar Calveiro en plena calle y fue llevada a lo que se conoció como ‘la MansiónSeré’ (…). Ese día comenzó su recorrido de año y medio por un infierno que prosiguió en otros campos de concentración: la comisaría de Castelar, la ex casa de Massera en Panamericana y Thames convertida en centro de torturas del Servicio de Informaciones Navales y finalmente la ESMA".
Batallón 601
El último punto del recorrido es el Batallón de arsenales 601 “Esteban de Luca”, ubicado en la Avenida Rolón de Boulogne. Al igual que en los otros puntos, nada hace saber que allí funcionó un centro de torturas, más allá que el testimonio de las víctimas y vecinos.
“Este predio es muy grande, se utilizaba para la fabricación de tanques y vehículos blindados y en diversas causas se lo cita como centro clandestino de detención ya que por estar en el ámbito militar, está bastante restringido al público”, explica Witis.
En contra de la Ley
Cuando se cumplió el 30 aniversario del golpe del ’76, se sancionó la Ley Provincial 13.584, que establece claramente dos puntos fundamentales. El primero, “arbitrar los medios para la preservación de todos los lugares que funcionan como centros clandestinos de detención durante la última dictada militar”. El segundo “colocar placas identificatorias en todos los lugares donde funcionaron dichos centros clandestinos de detención”.
En San Isidro, ninguno de los dos ítems se cumplen. Sin embargo, la memoria parece no ser una de las prioridades. “No es casualidad que en el distrito hayan vivido varios represores, ni que haya personas como Blumberg que piensen que los derechos humanos son para defender a los delincuentes. Para estas personas, el tema de los derechos humanos no es de agenda”, sostiene Witis.
Y asegura que indudablemente se trata de una cuestión de decisión de las autoridades. “No hay interés porque este tema no brinda un rédito político en el electorado, no interesan como sí lo hacen las cámaras de seguridad. Las autoridades y funcionarios tienen esto en cuenta”.
Fuente:
http://24con.elargentino.com/conurbano//nota/47471/
Que facho resulto ser posse eh?
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