Pilar Calveiro, argentina de nacimiento, actualmente radicada en México, es Doctora en Ciencias Políticas, egresada de la Universidad Nacional de México. Se exilió en ese país tras haber permanecido secuestrada en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura cívico-militar de los setenta. Es autora de numerosas investigaciones publicadas en México, Argentina y Francia, y actualmente es profesora investigadora en universidades mexicanas. Su testimonio fue fundamental en los juicios a los represores y para la CONADEP en la confección del Informe/libro “Nunca más”
Muchas veces se nombra a sí misma como "Pilar Calveiro 362" que era el número que sus torturadores le habían asignado durante su cautiverio.
El 7 de mayo de 1977, un comando de Aeronáutica secuestró a Pilar en plena calle y fue llevada a lo que se conoció como "la Mansión Seré", un centro clandestino de detención de esa fuerza instalado a dos cuadras de la estación Ituzaingó. Esa noche Pilar soñó con su familia - esposo, hijas, padres- inmóvil en una foto fija y despidiéndola con un gesto de la mano. Ese día comenzó su recorrido de año y medio por un infierno que prosiguió en otros campos de concentración: la comisaría de Castelar, la ex casa de Massera en Panamericana y Thames convertida en centro de torturas del Servicio de Informaciones Navales, y finalmente la ESMA.
Hace unos días, 24CON se comunicó con la escritora e investigadora, durante la charla habló del centro clandestino de Thames y Panamericana:
"Thames y Panamericana era la casa del COARA, el Comandante de la Armada -por sus siglas en castellano. La casa de Massera, casa elegante, de “gente bien”, devenida en centro de secuestro y tortura. Manejada por el SIN, fue parte del circuito desaparecedor de los años setenta, es decir, un centro clandestino de detención de personas.
Yo y muchos otros permanecimos secuestrados allí: Máximo Nicoletti y María Cecilia Peuriot (aunque no quieran declararlo), Massimo Cargnelutti, Edgardo Moyano, Fernando Kron, Patricia Álvarez, Analía Álvarez, Luis Sánchez son algunos. Hay más, muchos más, aunque probablemente no pasó un gran número de gente por la casa de Thames y Panamericana. Pero ese no es el punto; pasó gente, gente que fue humillada, maltratada y asesinada.
Es cierto que el SIN se movía dentro de la ESMA; es cierto que allí tenía sus propios espacios para torturar primero y “trasladar” después a sus víctimas. Pero también es cierto que entre el SIN y la ESMA existían rivalidades y competencias que no les permitían compartir siempre la información o por lo menos no de inmediato. Así que la casa de Thames y Panamericana fue la primera escala de muchos secuestrados del SIN, posteriormente enviados a la ESMA. Los llevaban allí cuando recién eran detenidos o bien cuando formaban parte de alguna operación que se intentaba mantener bajo reserva, por lo menos por un tiempo.
Diferentes cuartos de la casa e incluso los baños se utilizaron para encerrar a los prisioneros, custodiados por una docena de oficiales y suboficiales del Servicio de Inteligencia Naval. Unos pocos sobrevivimos; los más sólo pueden reclamar memoria y justicia a través de nosotros porque ya no están. Fueron asesinados por personal naval después de toda clase de padecimientos, dentro y fuera de esa casa, la casa de Thames y Panamericana".
Negar lo innegable
Cabe agregar que según el intendente Gustavo Posse, quien acaba de postularse para una nueva rerereelección, Pilar Calveiro es una mentirosa. Y esto por comunicado oficial del Gobierno Municipal del 26 de agosto de 2010.
Para comprobarlo basta revisitar los siguientes enlaces:
Evidentemente alguien miente aquí... pero que cada persona saque sus propias conclusiones, el veredicto lo dejamos a vuestro criterio.
Lo cierto que es que en Thames y Panamericana, donde el Intendente Posse declara que no pasó nada y que nada puede comprobarse, se violaron los Derechos Humanos, se mantuvo en cautiverio a personas de manera ilegal, se ejerció el terrorismo de Estado, hombres y mujeres fueron violados y ultrajados, se torturó, se asesinó. Se privatizó el predio y se hizo a sabiendas de que la Ley Provincial 13.584 lo prohíbe, se engañó a los vecinos, se arrasó con una hectárea de espacio verde y se dejó a los chicos sin parque. Creemos que ya no queda mucho más por agregar...
Durante todos estos meses simplemente hemos estado presentando la tesis (a través de investigaciones periodísticas, documentación y testimonios de ex detenidos) y también la antítesis (la versión oficial del Municipio), ahora, que cada uno elabore su propia síntesis.
"Los muertos demandan a los vivos: recordadlo todo y contadlo; no solamente pera combatir los campos sino también para que nuestra vida, al dejar de sí una huella, conserve su sentido." TZVETAN TODOROV
Foto: Jordi Batallé
Enlace relacionado:
"Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina"
El dictador y genocida Emilio Eduardo Massera dejó de existir físicamente el 8 de noviembre de este año. Símbolo del terrorismo de Estado, jamás logró escapar de la condena de la memoria. Sin embargo, parte de su legado de terror continúa impune. Uno de sus centros de operaciones, su casa ubicada en el predio de Thames y Panamericana de San Isidro, comenzó a ser destruido para dar paso a oficinas y comercios. Sin nunca haberse realizado pericias suficientes, podría llevarse para siempre elementos y pruebas sobre quienes fueron torturados y asesinados allí.
Conocido como la “casa S.I.N.” ( Servicio de inteligencia naval) o simplemente “La Marina”, el lugar fue un centro clandestino de detención de personas. Así lo muestran los registros oficiales y testimonios de los detenidos. Ante el advenimiento de la democracia, el lugar fue destruido y donado al municipio. Al igual que los otros tres centros que funcionaron en el distrito (El COT I de Martínez, la comisaría 4ta y el batallón 601) sigue sin ninguna clase de señalización a pesar de lo que exige la Ley provincial (N°13.584). Esa misma norma, demanda la preservación de estos sitios. Pero el municipio decidió negar su existencia y entregar el terreno a manos privadas.
En agosto de este año, un comunicado oficial de la Municipalidad argumentó la venta en el hecho de que “la cuestión fue investigada por la Justicia, sin que se hubiese demostrado que en ese sitio se cometieran tales hechos”. Lo cierto es que ante el primer intento de venta (en el año 2004) se realizó un pedido judicial de no innovar, que quedó sin efecto en el año 2008 luego de unas pericias oculares del lugar. Los subsuelos del lugar nunca fueron investigados.
Cuando los militares dejaron el predio en manos del municipio, Melchor Posse (padre del actual intendente) se comprometió a que el predio quedara para los vecinos. Por eso se ordenó la apertura de la calle Rivera (para separar el terreno del barrio de la marina lindante) y se tiró abajo parte del muro. Allí los vecinos pudieron ver por primera vez lo que había quedado, un parque con subsuelos recientemente rellenados, en los que juran que llegaron a ver celdas.
El predio fue cerrado y utilizado un tiempo como campo de deportes para un colegio. Hasta que a mediados del año pasado se procedió a su venta sin ninguna consulta a los vecinos. Los reclamos de los vecinos e incluso un proyecto alternativo de convertir el lugar en un espacio verde que preserve el patrimonio arqueológico y de la memoria, descansa plácidamente en el Concejo deliberante local.
Al día de hoy, y como desde hace una semana, los trabajos se incrementaron de forma exponencial. El cartel de obra lleva la firma de “Emprendimientos inmobiliarios Sudamericana S.A.” en su carácter de fiduciario de “fideicomiso Panamericana Thames” y plantea la construcción de un complejo de oficinas con un paseo de compras. Las topadoras ya comenzaron a arrasar con el terreno, a arrancar los árboles centenarios y a labrar profundos surcos, ante el constante tránsito de camiones con hierro y tierra.
Convertir un ex centro clandestino de detención en oficinas y un shopping resulta un evidente insulto para la memoria.
No conformes con vulnerar la Ley Provincial Nº 13.584 que prohíbe la destrucción de ex centros clandestinos, las compañías: Constructora Sudamericana y Grupo Simpa han transformado una hectárea de espacio verde en una mina a cielo abierto...
-Han colocado en la vía pública mamparas gran altura de una gran peligrosidad para los transeúntes en la esquina de Thames y Panamericana.
-Han talado gran parte de los árboles del predio.
-Han arrancado carteles de la Comisión de la Memoria de zona norte que estaban en la vía pública (acaso tienen poder de policía??)
-Han esparcido pastillas de resina con veneno para ratas, que son comidas por las aves, observando un incremento de aves muertasen zona.
-Los camiones cargando los restos de los árboles y toneladas de la tierra de las excavaciones están saliendo de contramano por la calle Ribera (modificado por el HCD del 20/10/10) donde además está prohibido el tránsito pesado (según los carteles de la MSI en ambos extremos de la calle), doblando en Tupac Amarú que es calle de barrio residencial y donde los chicos juegan en la calle (por no tener un espacio verde), donde además estacionan sus grandes camiones a pesar de estar prohibido.
-La calle Ribera (asfaltada recientemente con dinero de los contribuyentes) ya presenta importantes destrozos, siendo que estamos hablando de un municipio que habla de problemas presupuestarios, esto es un claro ejemplo de cómo se tira el dinero de los contribuyentes.
-Se realizó el reclamo respectivo ante las oficinas correspondientes de la Municipalidad. En el caso de los camiones se reiteró ante la sucesión de estas infracciones que continúan hasta el día de hoy. Esperamos que los inspectores de San Isidro hagan su trabajo y que el intendente deje de hacer la vista gorda.
Como pueden apreciar en el video de arriba, los camiones avanzan de contramano por zona residensial y en una calle donde claramente pueden verse los carteles indicadores de prohibición de tránsito pesado, la caravana no sólo ignora las señales sino que prácticamente obligan a una vecina que viene con un bebé en el cochecito a apartarse del camino y luego casi provocan un accidente con un motociclista que avanza correctamente.
Quizás no conozcan la historia. Colony Park es un ambicioso proyecto inmobiliario. Su objetivo es levantar un country náutico en una isla del Delta, al que se accederá solamente por transbordador.
Para eso, la empresa está "adueñándose" del arroyo Anguila y destruyendo el frágil ecosistema de los humedales, dejando a familias sin hogar y atentando contra un centenar de especies animales y vegetales. La urbanización de las islas del Bajo Delta puede constituir un peligro a futuro, ya que estas islas son un tapón natural contra las inundaciones.
Emulando la lógica colonizadora del nefasto Julio A. Roca, el consorcio abre este barrio privado a precio vil. Carece de habilitación y tiene procesos en la Justicia Civil y en la Penal Federal.
El presidente de Colony Park es Adrián Gabriel Schwartz, director titular del grupo Simpa SA y Manufactura Austral SA, y suplente en Noroc SA, dedicada a la compraventa de inmuebles urbanos y rurales.
Adrián Gabriel Schwartz fue denunciado por los isleños como uno de los responsables de la situación que se vive en el Delta:El paisaje está siendo alterado por la construcción de terraplenes y la destrucción de la vegetación preexistente. La madera de los árboles plantados por los isleños es usada como relleno de estos montículos. Además, se obstruye el arroyo con una draga, lo que dificulta la navegación y la posibilidad de que las familias reconstruyan sus hogares.
Ya son diez las denuncias vecinales por “destrucción de viviendas y bienes”, efectuadas ante las fiscalías 1º, 2º y 3º de Gral. Pacheco. Además, en junio de 2008, se realizó una presentación penal ante la jueza federal 1º de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. Quien derivó la causa a la Fiscalía Nº 2 de San Isidro, La Corte Suprema de Justicia reclamó que se investigue el tema.
La empresa pagó 30.000 pesos por 360 hectáreas, y actualmente vende cada lote de media hectárea por 200.000 dólares.
Adrián Gabriel Schwartz, también figura como presidente de la empresa en la escritura de compra del terreno.
“Los del Colony Park arrasaron con todo. Hay ranchos que les echaron dos metros de tierra arriba”, relató Roberto Galloro, uno de los damnificados.
Juan Derganz agrega: “No se presentaron con buena onda. Vinieron, empezaron a trabajar en las zonas desocupadas y directamente comenzaron a sacar a la gente –apuntó–. Por lo general, cuando las familias tienen que ir al médico, a hacer trámites, o a comprar algo, las casas quedan solas. Y estos tipos aprovechan para romper todo. Yo me ausenté dos días. Cuando volví, el muelle estaba roto. Al techo de la casa le pegaron con un palo; me chocaron el bote y me mataron al perro.”
Todo esto viene a cuento porque Grupo Simpa está sindicado como el supuesto comprador del predio de Thames y Panamericana, tiene sus oficinas justamente enfrente. La empresa es propiedad de los actuales accionistas desde el año 1978 y fue comprada por Mony Schwartz también en el año 1978.
Pero lo paradójico es que en su momento la Municipalidad de San Isidro repudió el proyecto "Colony Park" mediante nada menos que un comunicado: “Más allá que la comuna sanisidrense siempre se preocupó y se opuso tenazmente al desarrollo de dicho tipo de emprendimientos que alteran el ecosistema de islas, gracias a esa lucha de muchos años, frente a las costas de San Isidro, solo hay agua.” Por último señala “La preocupación del Municipio por dicho emprendimiento y sus implicancias para el ecosistema costero”.
Nos preguntamos: donde quedó esa supuesta preocupación de Posse por este tipo de emprendimientos y sus implicancias??
Hablamos de "supuestos" ya que el nombre del comprador del predio es el secreto mejor guardado de todo San Isidro, hasta los mismos concejales están confudidos... que Grupo Simpa... que Cencosud... da lo mismo. A propósito aclaramos que a pesar de reiteradas comunicaciones, ambas empresas se han negado a responder a nuestros mensajes, será que habrá mucho que esconder?? Quienes integran el Fideicomiso? A nombre de quién está escriturado el predio? Es cierto que en su momento fue donado sólo para uso como bien público? Porqué no se colocó el cartel de llamado a licitación? Porqué en esta oportunidad no importó la opinión de los vecinos? Porqué los concejales evitan el tema? Muchos interrogantes...
El petitorio y la propuesta alternativa de los vecinos, que figurara en la orden del día de la sesión del 20 de Octubre de 2010, ha pasado a la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento, sin que siquiera se dignara a abrir un expediente con nuestro reclamo. Hasta el día de la fecha no hay novedades al respecto, y la idea del bloque que responde a Gustavo Posse "Acción Vecinal San Isidro es Distinto" y que tiene una fuerte presencia en dicha Comisión, es que el pedido no se trate nunca y menos aún, emitir un dictamen favorable, que sería lo más justo.
Desde nuestra humilde posición, solicitamos a los Sres Concejales integrantes de esta Comisión que den pronto trámite a nuestro reclamo y emitan un dictámen en apoyo a los vecinos, tal cual como ocurriera con los vecinos de Beccar, justamente (y vaya paradoja) en la misma sesión del 20 de octubre pasado. Según podemos leer a continuación:
14ª Sesión ordinaria [20/10/10]
En su décimo cuarta sesión del año, el Concejo Deliberante de San Isidro aprobó una resolución por la que acompaña la preocupación de los vecinos de la ciudad de Beccar por la posible radicación de dependencias judiciales en Avda. Centenario 1860/64.
En los fundamentos del documento recuerda que en reiteradas oportunidades manifestó su oposición a la radicación de actividades jurisdiccionales en áreas centrales del distrito, como lo es la ciudad de Beccar.
A tal fin, reclamó a las autoridades provinciales competentes la adecuada articulación con el Ejecutivo municipal para trabajar en conjunto estas localizaciones en zonas que generen el menor impacto negativo posible, a fin de reducir la posible conflictividad con el entorno vecinal.
El cuerpo ratifica una resolución anterior mediante la cual reitera sus reclamos a las autoridades provinciales competentes por la pronta construcción de la Ciudad Judicial del Departamento Judicial de San Isidro a la vez que expresa su oposición a la radicación de actividades jurisdiccionales en áreas centrales y/o residenciales del Distrito y adhiere a los dictámenes emanados por la Dirección General de Ordenamiento Urbano Municipal.
Ratificó también la competencia de las autoridades municipales para decidir y determinar sobre la radicación de actividades públicas y/o privadas dentro del ejido urbano del Municipio de San Isidro.
Esta resolución será notificada a los vecinos auto-convocados de Beccar, al Departamento Ejecutivo Municipal, a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y al gobernador bonaerense.
La inquietud sobre este tema, se vio reflejado además por la entrada de un expediente remitido por el Departamento Ejecutivo sobre actuaciones relacionadas con la resolución 15/10, mediante la cual el deliberativo ratificó sus reiterados reclamos a las autoridades provinciales, referido a la pronta construcción de la Ciudad Judicial.
A continuación la nómina de los integrantes con sus respectivos datos de contacto, donde los vecinos y vecinas, en caso que lo deseen puedan comunicarle a los legisladores, la necesidad de un dictámen favorable para la defensa de su calidad de vida y la preservación del patrimonio histórico/arqueológico y medioambiental en el predio de Thames y Panamericana.
COMISIÓN DE LEGISLACIÓN, INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO
Presidente: Pablo Fontanet (Bloque PERONISMO POR SAN ISIDRO)
A continuación el anónimo que acabamos de leer (Textual):
"en thames y panamericana siempre cuando estaba la marina se escuchaban tiros, y cuando se fue la dictadura, pasaron topadoras y derrumbaron todo muy rapido, abajo de esa tierra debe haber muchos restos de desaparecidos, cuando eramos chicos se que algunos se metian en pasadizos internos que cruzaban la vieja panamericana, y habian visto huesos, pero nunca nadie chequeo el lugar, hace unos años hiba a ser un campo de deportes que nunca existio, hoy los chicos de la zona no tienen donde practicar deportes o recrearse libremente". Fecha: 4 de noviembre de 2010
Esto es de una gravedad absoluta, como ciudadanos queremos creer que en el Partido de San Isidro todavía rige el Estado de Derecho y exigimos desde nuestra humilde posición, que algún fiscal obre de oficio de inmediato ante semejante denuncia. Ya que, aunque se trate de un anónimo, esto no implica que no deba investigarse exhaustivamente y con total seriedad, esto no es chiste.
También esperamos que prontamente el Juez Federal Sergio Gabriel Torres tome cartas en el asunto, ya que si bien entendemos la ajustada agenda del magistrado, aquí estamos ante una situación totalmente comprometida puesto que la empresa "Constructora Sudamericana" prosigue normalmente y sin pausa, con los trabajos dentro del predio, incluso excavaciones en determinados sectores del lugar. Esto podría implicar la pérdida de pruebas importantes.
Este anónimo no es para nada inverosímil, ya que esta versión la hemos escuchado en reiteradas oportunidades y también se nos mencionó en la CONADEP aunque no tienen un testimonio que lo confirme. Este anónimo nos da exactamente los mismos datos, por lo que podría decirse que confirma nuestras sospechas.
De nuestra parte invitamos a la persona que proporcionó esta importante información, a presentarse ante la CONADEP (25 de mayo 544) donde los testimonios se mantienen en una absoluta reserva de identidad. Lo mismo para todos aquellos/as que tengan información sobre el lugar.
Esperamos que de una vez por todas, las Autoridades, más que nada por respeto a las familias de las víctimas de la dictadura, tomen este asunto con la seriedad que corresponde.
En el distrito hay por lo menos cuatro lugares donde se torturó y mató gente bajo las órdenes de Camps y Massera. Pero el Municipio no cumple con la ley que pide señalizarlos y conservarlos.
Por Guillermo Zanetto
Fotos: Christian Ugalde
A contramano de las políticas en favor de la Memoria histórica, muchos lugares que durante la última dictadura militar fueron utilizados como centros clandestinos de detención –en donde se cometieron toda clase de delitos de lesa humanidad- siguen hasta el día de hoy sin ser reconocidos, a pesar de que existe una Ley provincial (N° 13.584 ) que obliga a señalizarlos y protegerlos.
Es el caso de San Isidro, en donde al menos cuatro sitios funcionaron como piezas de la maquinaria genocida del Estado sin que sean registrados de forma oficial. El colmo es que uno de ellos, que estaba en un espacio municipal, fue vendido a manos privadas y corre riesgo de desaparecer pese a la queja de los vecinos.
“Todos están mencionados en testimonios diversos y en muchos de ellos se podrían encontrar elementos para los juicios a los genocidas”, explicó Jorge Witis, miembro de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte. Junto a 24CON, recorrió los espacios que ayer sirvieron de centros clandestinos de detención de personas y que hoy pasan desapercibidos para la intendencia y los vecinos.
El “Coti Martinez”
El primer lugar del relevamiento empieza en la exclusiva avenida Del Libertador. Allí aparece el más difundido de los centros clandestinos de San Isidro, que incluso es mencionado por la CONADEP -Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas- en su libro/informe “Nunca Más”: El Comando de Operaciones Tácticas 1 (C.O.T.1) de Martínez.
“La sigla C. O .T. 1, al estar escrita en mayúsculas, formaban la palabra ‘COTI’ que es como se conoce a este centro, famoso por ser donde estuvo secuestrado y torturado, entre muchos otros, Jacobo Timerman, Fundador del diario La Opinión”, explica Witis.
Lo cierto es que el centro fue también una pieza fundamental de lo que se conoce como el “Circuito Camps”, un conjunto de centros clandestinos bajo la tutela del siniestro represor Ramón Camps en el cual se intercambiaban detenidos por diferentes puntos del Conurbano. Éste en especial, se considera que se utilizó también para mantener cautivos a prisioneros uruguayos del “Plan Cóndor”.
En el “Nunca más” se publicó la declaración de Héctor Mariano Ballent (Legajo N° 1277) sobre las condiciones de vida allí. “El tratamiento en el COT I Martínez era brutal, no sólo física sino también psíquicamente, ya que cuando uno preguntaba qué hora es, le decían si tenían que salir, si daban sopa, era con plato playo y con tenedor. La comida en general era harina de maíz hervida, mate cocido y un trozo de pan...”. También reproduce que dormían 8 personas en un colchón de una plaza y sólo podían ir al baño 2 veces por día, siempre encapuchados.
Pese a estas evidencias, en su fachada no existe ninguna señalización que haga referencia a ese pasado de horror. “Por Ley deberían estar señalizados y este, que es uno de ellos y el más renombrado, no tiene señal alguna. No queremos que quede como una dependencia más, como si no hubiera pasado nada. Evidentemente, no hay interés”, explicó Witis.
Comisaría 4ta
A pocas cuadras de ahí, sobre la calle Balcarce, se encuentra la comisaría 4ta, otro de los puntos menos conocidos pero que según los testimonios también habría sido escenario de secuestro y torturas. En su frente hay cámaras y patrulleros nuevos pero ninguna referencia a su uso durante la Dictadura.
“Este tema no se pudo hablar durante muchos años por políticas de Estado y de gobierno y este reconocimiento –hoy ausente- sería una forma de limpiar la memoria de las fuerzas de seguridad recordando que estas cosas no pueden volver a suceder”, reflexionó Witis.
La “Casa S.I.N”
El siguiente punto del recorrido es el que más conmueve. No sólo por quien lo puso en práctica, sino porque sus potenciales evidencias corren riesgo de perderse para siempre. Se trata de la “Casa S.I.N.”, un predio en donde funcionó el Servicio de Inteligencia Naval (SIN).
Ubicado en Thames y Panamericana, Villa Adelina, originalmente fue una propiedad que el represor Emilio Massera –a cargo del grupo de represión de la ESMA- utilizó como base de operaciones. Bajo su brazo, cumplieron órdenes más de 700 individuos del personal civil del S.I.N. cuyos nombres figuran en una lista publicada recientemente por una investigación de revista Veintitrés. En el año ’82, la propiedad fue destruida y el terreno se donó al municipio, en dónde se utilizó tiempo después como campo deportivo.
“De la construcción ya no queda nada pero según testimonios de vecinos (recogidos en parte por alumnos de la Escuela Educación Media N°6), había subsuelos que usaban cómo garage y también una pileta climatizada, en donde podrían hallarse restos de personas. Incluso uno de ellos recuerda que vio el ingreso de una persona atada y encapuchada”, relató Witis.
Pese a esto, el lugar fue vendido a manos privadas quienes ya pusieron en marcha los primeros trabajos de obra. El municipio justificó la venta mediante un comunicado difundido en agosto pasado, que negaba el funcionamiento del centro y aclaraba que “la cuestión fue investigada por la Justicia sin que se hubiese demostrado que en ese sitio se cometieran tales hechos”.
Pero Witis asegura que “la única pericia que se hizo en el lugar fue un reconocimiento visual hace dos años, (no hubo excavaciones ni trabajo antropológico) por lo que consideramos que es poco serio para descartar que allí pudieran existir otros datos”. Es por esto que confía que las nuevas evidencias promuevan acciones que se amparen en la protección que la Ley brinda a estos sitios.
A pesar de la negación municipal, los testimonios de personas allí secuestradas hasta se encuentran publicados, como es el caso de la escritora Pilar Calveiro, en cuyo libro “Poder y desaparición: los campos de concentración en Argentina”, Juan Gelman escribe en el prólogo: “El 7 de mayo de 1977, un comando de Aeronáutica secuestró a Pilar Calveiro en plena calle y fue llevada a lo que se conoció como ‘la MansiónSeré’ (…). Ese día comenzó su recorrido de año y medio por un infierno que prosiguió en otros campos de concentración: la comisaría de Castelar, la ex casa de Massera en Panamericana y Thames convertida en centro de torturas del Servicio de Informaciones Navales y finalmente la ESMA".
Batallón 601
El último punto del recorrido es el Batallón de arsenales 601 “Esteban de Luca”, ubicado en la Avenida Rolón de Boulogne. Al igual que en los otros puntos, nada hace saber que allí funcionó un centro de torturas, más allá que el testimonio de las víctimas y vecinos.
“Este predio es muy grande, se utilizaba para la fabricación de tanques y vehículos blindados y en diversas causas se lo cita como centro clandestino de detención ya que por estar en el ámbito militar, está bastante restringido al público”, explica Witis.
En contra de la Ley
Cuando se cumplió el 30 aniversario del golpe del ’76, se sancionó la Ley Provincial 13.584, que establece claramente dos puntos fundamentales. El primero, “arbitrar los medios para la preservación de todos los lugares que funcionan como centros clandestinos de detención durante la última dictada militar”. El segundo “colocar placas identificatorias en todos los lugares donde funcionaron dichos centros clandestinos de detención”.
En San Isidro, ninguno de los dos ítems se cumplen. Sin embargo, la memoria parece no ser una de las prioridades. “No es casualidad que en el distrito hayan vivido varios represores, ni que haya personas como Blumberg que piensen que los derechos humanos son para defender a los delincuentes. Para estas personas, el tema de los derechos humanos no es de agenda”, sostiene Witis.
Y asegura que indudablemente se trata de una cuestión de decisión de las autoridades. “No hay interés porque este tema no brinda un rédito político en el electorado, no interesan como sí lo hacen las cámaras de seguridad. Las autoridades y funcionarios tienen esto en cuenta”.
El intendente de San Isidro, Gustavo Posse marchó contra la instalación de los Juzgados en Beccar. Lo curioso de esto son sus declaraciones, que coinciden con lo que nosotros venimos reclamando desde hace tiempo:
“Queremos expresar nuestra oposición a que la calidad de vida de los vecinos se vea afectada. La instalación de oficinas judiciales en un barrio residencial como Beccar generaría una gran afluencia de personas y un incremento de tránsito vehicular desmedido. No podemos permitir que se nos avasalle con decisiones arbitrarias, injustas e inconsultas.”
“Solicitamos la urgente intervención del señor Gobernador, y de los miembros del más alto Tribunal provincial en defensa de nuestros derechos, rechazando el proyecto y encarando una solución definitiva que no perjudique ni altere las condiciones urbano-ambientales de los vecinos del Partido.”
Sr. Intendente: Nosotros tampoco queremos que se alteren nuestras condiciones de vida. Villa Adelina también es zona residencial, acaso será cierto aquel viejo dicho que dice que el Municipio de San Isidro termina en la Panamericana?
Les informamos lo hecho hasta aquí con respecto al predio de Thames y Panamericana.
- El dia 13 de septiembre de 2010 nos presentamos ante el Archivo Nacional de la Memoria dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (CONADEP), donde planteamos la situación con respecto al predio y proporcionamos nuevas evidencias para que sean presentadas ante el Juez Federal Sergio Gabriel Torres, allí nos manifestaron su preocupación por el tema y se comprometieron a ponerse en contacto con el Sr. Juez a fin de que, a la luz de las nuevas evidencias, revise la medida de dejar sin efecto la medida de No Innovar que había sobre el predio. Las pruebas con las que contaba en el año 2008 no son las mismas en la actualidad. No descartamos nuevas pericias en el lugar. Desde ya los vecinos estamos a disposición de la Justicia.
- En el día de hoy solicitamos apertura de Expediente ante la Presidencia del HCD, donde presentamos el petitorio firmados por los vecinos y vecinas y la propuesta alternativa de Parque Público y la señalización correspondiente y la preservación del predio como ex CCD, adjuntamos documentación pertinente, una investigación periodística, la información proporcionada por el Archivo Nac. de la Memoria etc. El proyecto también incluye la realización de un mural en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado por alumnos de escuelas de la zona. Copia de la misma documentación fue entregada en mano a los/las concejales que se encontraban en la sede legislativa, y a sus respectivos secretarios/as en el caso de los que no se encontraban en ese momento en su despacho. En general hubo una buena acogida por parte de los legisladores.
- Se nos informó que el pedido será tratado en la sesión del próximo 20 de octubre.
Desde ya agradecemos a todos los vecinas y vecinos que firmaron el petitorio, es importante si más gente desea darnos su adhesión, se trata de una causa justa que merece el apoyo de toda la comunidad.
Cualquier novedad la comunicaremos a la brevedad. De nuevo muchas gracias!
Insistimos...
LOS VECINOS Y VECINAS DECIMOS:
NO A LA PRIVATIZACION DEL PREDIO
NO AL "FIDEICOMISO PANAMERICANA THAMES"
NO A EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS SUDAMERICANA S.A.
REF. THAMES Y PANAMERICANA (PROPUESTA ALTERNATIVA)
Antes que nada los vecinos queremos manifestar que nos sentimos engañados por la Municipalidad. Ya que en su momento se nos aseguró para nuestra tranquilidad, que en el futuro el predio solo se usaría para que los alumnos de la zona practiquen deportes. Hasta que a fines del 2009 vimos el desmantelamiento de los baños y el cerco perimetral que había sido puesto para tal fin. Nunca fuimos notificados de la venta ni se realizaron audiencias públicas. Simplemente se nos invitó a concurrir a la Dirección de Ordenamiento Urbano para enterarnos del complejo de oficinas que una empresa iba a construir.
Consideramos que es responsabilidad de la Municipalidad la preservación tanto del patrimonio arqueológico (allí antiguamente funcionó un centro de detención clandestino durante la dictadura) que se encuentra bajo tierra, como así también el patrimonio ambiental, es decir los árboles del parque. Y su status de Bien Público.
Nuestra propuesta alternativa, es que el sitio sea preservado como un espacio verde, un paseo público. Realizar el mural en el predio en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado, según el pedido de los alumnos de la E.E.M. Nº 6 de San Isidro.
Consideramos inoportuno el comunicado de la Municipalidad del 26 de agosto, donde niega que allí existió un centro clandestino. Allí funcionó “La Marina” base de operaciones del Servicio de Inteligencia Naval, esto es un secreto a voces. No tenemos dudas que el Municipio conocía o debiera conocer la historia del predio así como la vigencia de la Ley Provincial Nº13.584.
El Juez Federal Sergio Gabriel Torres, al momento tomar la medida de dejar sin efecto la medida de no innovar (año 2008), no contaba con los elementos de juicio con los cuales contamos hoy en día. Entre fines del 2009y durante el transcurso de este año 2010 han aparecido nuevas y contundentes evidencias, con testimonios de los vecinos históricos y damnificados que concuerdan totalmente. Dicha información puede ser consultada en la CONADEP.
Lo importante es que bajo tierra aún perduran los restos del CCD, esto también puede ser comprobado en el Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de DDHH, Ministerio de Justicia, Seguridad y DDHH de la Nación. Con los testimonios de Pilar Calveiro, Lila Pastoriza o María Julia Harriet, incluso con investigaciones periodísticas como por ejemplo la de Franco Mizrahi.
Nuestra propuesta y nuestro pedido, es preservar el predio como Bien Público y se transforme en un Parque Público Municipal.
Este espacio fue recuperado por nosotros en 1983 con la llegada de la Democracia. Luego de una disputa con la gente del Barrio Naval, lindero con el predio.
Los vecinos estamos dispuestos a participar y colaborar con la puesta en marcha de este Parque Público. Por otra parte avalamos el reclamo de señalización propuesto por los organismos de Derechos Humanos. Esperando una resolución favorable, saludamos atentamente.
Por medio de la presente, los firmantes de este petitorio, manifestamos nuestro rechazo a la venta, privatización y/o urbanización del predio ubicado en Ruta Panamericana, Thames, Rivera y Tupac Amarú, como así también cualquier proyecto vinculado en tal sentido, al mismo tiempo solicitamos la preservación y conservación del mismo.
Nuestro pedido está fundamentado en razones ambientales, en defensa de nuestro espacio verde, de nuestro patrimonio, de nuestra calidad de vida y dado el valor simbólico que dicho predio representa para Villa Adelina.
Sin más secretos (Investigación exclusiva Veintitres)Por Franco Mizrahi
Poco a poco, los secretos bien guardados de la última dictadura militar se van develando. En sintonía con las listas del Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Batallón 601 y de la Fuerza Aérea que cumplió tareas entre 1976 y 1983 –y que publicó en exclusiva Veintitrés–, a continuación se difunde la nómina del Personal de Inteligencia que cumplió tareas en el poderoso Servicio de Inteligencia Naval (SIN) durante el Proceso. Así, retrasada respecto de las otras dos fuerzas, la Marina revela quiénes fueron sus espías durante el terrorismo de Estado. La lista, que fue remitida al Ministerio de Defensa por el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Jorge Omar Godoy, contiene más de 700 nombres. La información era secreta y fue desclasificada a través del decreto 004/2010. Si bien se trata de personal de inteligencia, el hecho de aparecer en la lista no implica que las personas allí mencionadas estén involucradas en delitos de lesa humanidad.
Inicialmente, el SIN debía tener a su cargo las operaciones represivas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), mientras que el Grupo de Tareas (GT) 3 debía ser su brazo operativo. Pero la decisión del almirante Emilio Massera, en aquel entonces jefe del arma y miembro de la primera junta militar, de convertir al GT 3 en un aparato que sustentara sus ambiciones políticas incentivó la competencia entre ambas estructuras y terminó por quebrar su relación. Por este motivo, el Servicio de Inteligencia Naval gestó su propia base de operaciones que se conoció como “Casa SIN”, en Thames y Panamericana, Villa Adelina. Sin embargo, la competencia entre ambos se diluyó en 1979, cuando el capitán de fragata Luis D’Imperio, miembro del SIN, reemplazó a Jorge “Tigre” Acosta en la jefatura de Inteligencia.
Entre los puntos paradigmáticos donde operó la Marina, figuran la Escuela de Mecánica de la Armada –hoy Archivo Nacional de la Memoria–, Puerto Belgrano –el mayor asentamiento naval del país, a 30 kilómetros de Bahía Blanca– y las localidades de Berisso y Ensenada, en la provincia de Buenos Aires, donde se desempeñó el Batallón de Infantería de Marina III. Y en el ámbito internacional, Uruguay y Bolivia. En la ESMA, por caso, estuvieron secuestrados la fundadora de Montoneros Norma Arrostito, Azucena Villaflor –fundadora de Madres de Plaza de Mayo– y Jaime Dri, cuyo paso y huida de ese centro clandestino de detención fue relatado por Miguel Bonasso en el libro Recuerdo de la muerte. Junto a ellos, hubo unos cinco mil secuestrados en el establecimiento ubicado sobre la Avenida del Libertador, en el límite de la Capital Federal con la provincia de Buenos Aires. Algunos de ellos fueron sedados y arrojados al Río de la Plata, en lo que se conoció como los “vuelos de la muerte”.
En ese mítico centro clandestino había un altillo llamado “Capuchita” que, según consta en el Nunca más, “ fue utilizado por los miembros del SIN para torturar y mantener a sus secuestrados separados de los de la ESMA. ‘Capuchita’ se prestaba a la Fuerza Aérea, al Ejército y al SIN para llevar a sus detenidos allí. El piso era de color rojo y tenía ventiluces siempre cerrados”. A pesar de los cruces entre el SIN y el GT 3, el marino Antonio Pernías demostró que a la hora de la represión estaban todos del mismo bando cuando aseguró en 1986: “Fue una guerra en la que se empeñó toda la Armada”. Veinticuatro años más tarde, el capitán Adolfo Donda repitió la aseveración durante su testimonio en el proceso que se le sigue por los crímenes cometidos en la ESMA: “Fue una actuación institucional, de toda la Armada”. Por este motivo, para Ramón Torres Molina, presidente del Archivo Nacional de la Memoria, “el conocimiento del personal civil de inteligencia de las Fuerzas Armadas es un avance en la investigación que se está llevando adelante en todos los ámbitos de la Justicia y también en el Archivo Nacional de la Memoria. La lista de la Marina es un aporte muy importante”. A continuación se enumeran los casos paradigmáticos de la nómina:Jorge Ernesto Vildoza. Figura como miembro del Servicio de Inteligencia Naval durante la dictadura. Es hijo del subdirector de la ESMA Jorge Raúl Vildoza, prófugo de la Justicia, acusado de haber robado bienes de desaparecidos y apropiarse del hijo de un matrimonio desaparecido. El chico es uno de los nietos recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo, aunque no quiso volver a vivir con su familia biológica. Jorge Ernesto habría sido investigado por complicidad en esa apropiación por la jueza Servini de Cubría. Hoy preside –según publicó Página 12– la empresa American Data S.A., ligada a la venta y concesiones de máquinas electrónicas en los casinos. Ricardo Joaquín Molina. Fue jefe de Inteligencia de la Base Naval Puerto Belgrano en 1976. Prófugo de la Justicia, debe rendir cuentas por los crímenes de la Armada. El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación ofrece 100 mil pesos por datos sobre su paradero. También lo busca Interpol.
Luis Alberto Pablo Pons. Capitán de corbeta retirado, encabezó en 1976 la Brigada de Infantería número 1 y está imputado como ejecutor directo del secuestro y tormentos a Hugo Giorno, ex intendente de Punta Alta, donde está Puerto Belgrano. Hasta 2007 estuvo en la contaduría general del Ejército. Es primo hermano del juez Miguel Guillermo Pons. Policarpo Luis Vázquez. Ex oficial de la Armada, fue el apropiador de Evelyn Vázquez, hija biológica de los desaparecidos Beatriz Pegoraro y Rubén Bauer.
Rodolfo Patricio Florido. También está incluido en la lista. Antes de pasar por la Marina, Florido se desempeñó como PCI del Batallón 601 durante la dictadura, como publicó esta revista a mediados de febrero. Hasta entonces, era secretario de prensa del Concejo Deliberante de Bariloche, órgano que, al revelarse su pasado, aprobó por unanimidad “el repudio institucional” a su persona.
Luis Emilio Sosa. También fue parte del SIN durante la última dictadura militar. Ya había demostrado de qué era capaz el 22 de agosto de 1972: fue el principal responsable de la Masacre de Trelew, el fusilamiento de 19 guerrilleros presos en la Base Almirante Zar. Con la aparición de este nuevo documento se iluminan un poco más las tinieblas que se extendieron entre 1976 y 1983. La difusión de la lista intenta contribuir con la búsqueda de memoria, verdad y justicia.
